Equidad:

 De Derecho: las notas más características que conforman el Derecho objetivo son las siguientes: en primer lugar, se trata de un conjunto orgánico, sistemático y concatenado que trata de evitar la antinomia entre las normas de que se compone; en segundo lugar, dichas normas tienen por objeto la regulación de la vida social del hombre; en tercer lugar, dichas normas sociales deben formularse con arreglo a unos valores y principios que serán referentes para la correcta organización de la sociedad; por último, dichas normas son imperativas, entendiendo que coercitivas o de obligado cumplimiento.

 Institucional / Ad hoc : Institucional: el que se lleva a cabo en una institución arbitral generalmente con sus propias reglas y con una lista cerrada de arbitros. Ad Hoc: Es el que se lleva a cabo por las partes, ya que estás escojen los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje.

 Recusación: El arbitro puede ser objeto de recusación por cualquiera de las parets si puede acreditar, parentesco, amistad o enemistad con cualquiera de las partes.

 En referencia al arbitraje:

– Juzgado de paz: Juzgado dirigido por un juez encargado de administrar justicia resolviendo litigios de pequeña cuantía o escasa relevancia, con aplicación de normas de equidad en muchos casos, busnado la concliación o acuerdo entre las partes, en comunidades de pocos habitantes que por su dimensión no tienen Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

– Juzgado de 1ª Instancia: Órgano jurisdiccional unipersonal, que tiene su sede en los municipios cabeza de partido judicial y extiende su jurisdicción a todo el partido judicial, resolviendo cuestiones de órden civil.

– Juzgado de Instrucción: Órgano jurisdiccional unipersonal, que tiene su sede en los municipios cabeza de partido judicial y extiende su jurisdicción a todo el partido judicial, resolviendo cuestiones de órden penal.

– Audiencia Provincial Civil: La Audiencia Provincial Civil es un órgano jurisdiccional colegiado – formado por varios jueces que adoptan deciones conjuntamente –, que tiene su sede en la capital de la provincia y que conoce de los asuntos del orden civil y mercantil en segunda instancia o apelación, cuando se reccurre una sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia o un Juzgado de lo Mercantil.

– Audiencia Provincial Penal: La Audiencia Provincial Penal es un órgano jurisdiccional colegiado – formado por varios jueces que adoptan deciones conjuntamente –, que tiene su sede en la capital de la provincia y que conoce, en primera instancia, del enjuiciamiento de los delitos superiores a cinco años de carcel y en segunda instancia de las resoluciones dictadas, en primera instancia, por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.

– Tribunal Superior de Justicia: Los Tribunales Superiores de Justicia (antiguas Audiencias Territoriales), son aquellos Tribunales que se organizan territorialmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma, ejerciendo su jurisdicción en todo su territorio, y tomando el nombre de ésta. Tiene cuatro salas: Civil (se ocupa del derecho foral o civil especial); Penal (materias que el Estatuto de Autonomía reserva a esta Tribunal); Contencioso–administrativa (actos y disposiciones de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas) y Social (procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma).

– Audiencia Nacional: La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional colegiado, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Está integrada por las siguientes Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso–Administrativo y de lo Social. Extiende pues su competencia, a todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del civil.

En el orden penal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conocerá:

1º) Del enjuiciamiento, (salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal), de las causas por delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno; de la falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios, de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia; del tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias, y delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

2º) De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad.

3º) De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.

4º) Del procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.

5º) De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, Juzgados Centrales de Instrucción, del Juzgado Central de Menores, y de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria.

En el orden contencioso administrativo, conocerá en única instancia, de los recursos contencioso–administrativos que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contencioso–Administrativo, así como también de los recursos establecidos en el art. 66 LOPJ.

Por último, la sala de lo social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma y de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónomas.

– Tribunal Supremo: El Tribunal Supremo, con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo relativo a garantías constitucionales.

Al tener jurisdicción en todos los órdenes jurisdiccionales, el Tribunal Supremo está integrado por distintas Salas: Sala 1ª. De lo Civil; Sala 2ª. De lo Penal; Sala 3ª. De lo Contencioso–Administrativo; Sala 4ª. De lo Social; Sala 5ª. De lo Militar

Además, el Tribunal Supremo cuenta también con la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que conoce exclusivamente de los asuntos enumerados en dicho precepto.

– Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional, con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional intérprete supremo de la Constitución y sólo está sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica.

Al Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, le corresponde conocer: del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley; del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas; de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado; de los conflictos en defensa de la autonomía local; de la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales; de las impugnaciones por parte del Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas; de la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley.

 Otros poderes judiciales

 Civil: a la jurisdicción civil se le asigna el conocimiento de los asuntos relativos a la propiedad y otros derechos reales, obligaciones y contratos, sucesiones, estado civil, concurso de acreedores, sociedades, patentes, familia, matrimonio, herencias ...etc.

 Penal: a la jurisdicción penal se le asigna el conocimiento de los delitos y faltas tipificados en la ley penal española, salvo los atribuidos al enjuiciamiento de los órganos jurisdiccionales penales militares.

 Contencioso / Administrativo: se le asignan los pleitos que existan en relación con la actuación de las Administraciones públicas, que comprende tanto a la estatal, a la autonómica como a la local, además de las Entidades de Derecho público que sean dependientes o están vinculadas a éstas, tales como los relacionados con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación, actos y disposiciones de las corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, entre otras.

 Laboral: las materias que serán atribuidas al conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social son los conflictos entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, los conflictos derivados de la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social incluidos los planes de pensiones, los conflictos entre los asociados y las Mutualidades, los pleitos contra el Fondo de Garantía Salarial, en los casos en que le atribuya responsabilidad la legislación laboral, sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación, sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho y sobre tutela de los derechos de libertad sindical, entre otros.