Existe en España un creciente uso de nuevas tecnologías donde cada vez es más habitual y sencillo recoger datos de carácter personal de clientes, proveedores, empleados, asociados, colaboradores… Debemos entender que cada una de las personas físicas tenemos el derecho fundamental de la protección de nuestros datos personales, así como el derecho de elegir quién puede o no ponerse en contacto con nosotros. Las entidades físicas y jurídicas (empresas), somos cada vez más objeto de información y propuestas que no se ha solicitado: ofertas comerciales por correo (mailing), por internet (spam en el email), por teléfono (telemárketing, sms, mms…), por fax y por un sinfín de otros medios.

Más específicamente, la ley L.S.S.I. (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) y sus posteriores modificaciones regulan las comunicaciones comerciales por vía electrónica y garantizan a las empresas la Protección de sus derechos fundamentales.

En muchas ocasiones se desconoce de donde se han sacado los datos y muchas veces no se sabe como se puede interrumpir la recepción de estas comunicaciones.

La L.O.P.D. y la L.S.S.I., establecen la obligación para toda entidad (pública o privada) que quiera ponerse en contacto con cualquier entidades física o jurídica, de pedir previamente el consentimiento expreso e inequívoco informándole de la finalidad por la que se le toman los datos.

De igual modo las entidades físicas y jurídicas debemos tener el derecho de acceso, rectificación y anulación de los datos transmitidos, en cualquier momento, de forma gratuita y sin la necesidad de dar explicación alguna, ni justificación.

Todas las entidades estamos obligadas a implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de los ciudadanos y entidades jurídicas y no podemos ceder los mismos sin el consentimiento expreso e inequívoco del interesado, garantizando que no se haga un uso indebido de esta información.